La acepción más aceptada del Estado como organización que ostenta el monopolio de la violencia legítima implica, al menos, tres factores dentro de su concepción: por un lado la capacidad de esa organización de ejercer la violencia dentro de un territorio, a través de mecanismos coercitivos (policía, ejércitos…); por otro, el carácter de monopolio de esa violencia implica un poder económico capaz de mantener continuadamente y sobre todo el territorio esa violencia, es decir, la capacidad de movilizar a sus grupos armados propios de forma más eficaz que cualquier otro grupo armado y sobre todo el territorio; por último, para que esa violencia sea legítima se requiere la existencia de un aparato ideológico que la legitime.

El poder ideológico medieval reside, principalmente, en el clero. Este es, básicamente, el único sector letrado en Europa en estos momentos. Al mismo tiempo es el único que tiene una estructura de difusión ideológica asentado en la mayor parte de la Europa feudal. La orden de Cluny es una muestra del poder ideológico de la Iglesia: una orden capaz de difundirse a gran parte de Europa en alianza con sectores de la aristocracia y la alta nobleza, bajo la autoridad del Papa, y de trasladar una doctrina al mundo rural donde se concentraba la mayor parte de la población.

Sin embargo, durante la Baja Edad Media se va a producir una transformación crucial que permitiría la configuración posterior del Estado moderno. La mejora en la tecnología de producción de alimentos (molinos, mejoras en los arados y en las herramientas de tiro…), unido al óptimo climático medieval (el cual va a permitir intensificar la producción de los campos) va a permitir liberar una gran cantidad de fuerza de trabajo que, hasta ese momento, se encontraba ocupada en la producción agrícola bajo el control de la nobleza y/o el clero. Esta fuerza liberada se va a concentrar en las ciudades, nuevas o recuperadas, dedicándose a una producción industrial aun embrionaria y al comercio cada vez a mayor distancia. La burguesía recién nacida va a disputar la hegemonía económica del clero y la nobleza, basado en la explotación de tierras y campesinos, mediante un sistema basado en la manufactura y el comercio.

Los reyes van a aprovechar el surgimiento de este nuevo actor en la sociedad, al tiempo que crean un espacio que unifica a los tres poderes: el económico cada vez más en manos de la burguesía, el ideológico del clero y el militar de la nobleza. Los Parlamentos, Dietas y otras estructuras surgidas en Europa como representación de los tres estamentos son el primer espacio al partir del cual surgirá el Estado moderno.

Por supuesto esto no significa que la coordinación fuera fácil, libre de tensiones o ni tan siquiera voluntaria en muchos casos. Hay que tener en cuenta que si bien la nobleza era el gran poder militar, también tenía sus propios mecanismos económicos (sus tierras y vasallos productores) e ideológicos (elementos de ostentación, por poner tan solo un ejemplo un tanto burdo, que muestran al noble por encima de sus campesinos), al igual que la Iglesia va a tener mecanismos económicos y de coerción violenta (la Inquisición es el más tristemente famoso ejemplo). Sin embargo el poder económico de la burguesía va a permitir romper la supremacía militar nobiliaria al financiar, a cambio de privilegios, grandes ejércitos permanentes al servicio del reino que, al fin, va a ostentar el monopolio de la violencia. Este monopolio solo se va a consolidar luego de fuertes luchas internas entre el nuevo poder real (nuevo en la medida de realmente efectivo sobre el territorio) y la nobleza y sus aun potentes ejércitos privados. La legitimación de este nuevo poder unificado es un proceso paralelo, no exento de conflictos, alianzas y negociaciones entre los poderes temporales y la Iglesia. Sin embargo también aquí, la ascensión de la burguesía va a comenzar a minar el monopolio eclesiástico de la ideología. Maquiavelo teoriza sobre el poder, eliminando la legitimación religiosa de sus análisis, aunque no por ello despreciando su papel: simplemente observa, y esto es algo completamente novedoso, que un Principe puede mantenerse en el poder al margen de la intervención divina.

Una vez la burguesía adquiere la preponderancia económica, es capaz de financiar nuevos ejércitos permanentes. Al mismo tiempo es lo suficientemente hábil para generar sus propios intelectuales, su propia legitimación. La nobleza, por supuesto, es coptada por el reino como cuadros de mando de la actividad del Estado. Sin embargo, la Edad Moderna se va a encontrar definida por la aglutinación en torno a la burguesía del resto de poderes lo que le permitiría, posteriormente, dar el salto hacia el control efectivo de un Estado cada vez más asediado por la misma.

Howard Zinn, el historiador que narró la otra historia de Estados Unidos, desde el punto de vista de los de abajo, a lo largo de su carrera, falleció este miércoles a los 87 años de edad.

Autor de varios libros, entre ellos el texto de historia más vendido, La otra historia de Estados Unidos (A People’s History of the United States), ponente, articulista, dramaturgo (Marx en Soho y una obra sobre Emma Goldman) y colaborador de La Jornada, era profesor emérito de historia en la Universidad de Boston.

Una de las voces independientes de izquierda, fue uno de los intelectuales más admirados por veteranos de las luchas sociales de la posguerra como por jóvenes, por su vida de praxis: era pensamiento y acción. El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil, afirmó en un discurso en Baltimore en los años 60, durante un acto al cual acudió en lugar de presentarse ante un juez para ser sentenciado por sus acciones contra la guerra en Vietnam; después, cuando regresó a la Universidad de Boston, un par de policías lo esperaban para arrestarlo.

Veterano de la Segunda Guerra Mundial, donde participó en los bombardeos aéreos contra Alemania, Zinn regresó después del conflicto para ver la destrucción que se cometió desde 30 mil pies de altura. Al ver Dresden y otras ciudades, decidió que para siempre, sin excepción, tenía que oponerse a la guerra. Colocó sus medallas y documentos que recibió por su servicio militar en un sobre, lo cerró y lo rotuló nunca más, refirió Ap.

Nació en Nueva York en 1922, hijo de inmigrantes judíos que vivieron en una colonia de clase trabajadora en Brooklyn. Se educó en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Columbia, donde recibió su doctorado en historia. En 1956 se le ofreció una plaza en Spelman College, una universidad para mujeres afroestadunidenses, en lo que era entonces la ciudad racialmente segregada de Atlanta.

Ahí participó en los inicios del movimiento de derechos civiles, alentado a sus estudiantes a participar en él. Una de ellas era Alice Walker, autora de El color púrpura, quien se hizo amiga de toda la vida de Zinn. Despedido de Spelman por insubordinación, Zinn fue contratado como profesor por la Universidad de Boston, donde continuó su activismo, tanto en el movimiento de derechos civiles como contra la guerra en Vietnam (uno de los primeros intelectuales estadunidenses en hacerlo).

Se jubiló en 1988 y pasó su último día apoyando una huelga de enfermeras, pero nunca dejó de trabajar, y gozar, en la desobediencia al poder, a la imposición, a la guerra y al imperialismo. En numerosas entrevistas con La Jornada, donde también contribuyó con decenas de artículos a lo largo de los últimos años, este ser digno, humano y modesto nunca perdió el optimismo sobre la capacidad del ser humano para rescatar a la humanidad con la rebelión ante la opresión de todo tipo.

Preguntado porqué en Estados Unidos había tan pocas señales de un movimiento masivo progresista en la era de George W. Bush, respondió que había más vitalidad y expresión progresista que en los años 60, pero estaba fragmentada y más aislada de sí misma, aunque presente en casi todas las esquinas.

Recordó que los intelectuales izquierdistas lamentaban lo mismo en los 50 del macartismo, pero que en esos mismo momentos jóvenes en varios pueblos del sur del país realizaban los primeros actos de desobediencia civil contra la segregación racial, la que estallaría poco después en el gran movimiento de derechos civiles. Eso, seguramente, está ocurriendo ahora. Eso es lo que uno aprende de la historia, esas sorpresas que solamente se perciben después.

En lo que tal vez fue su última aportación a un medio, Zinn escribió unos párrafos para The Nation sobre el primer año de Barack Obama. No me ha decepcionado terriblemente porque no esperaba mucho de él. Esperaba que fuera un presidente demócrata tradicional. En política exterior, eso es poco diferente a un republicano: nacionalista, expansionista, imperial y bélico. La gente está apantallada por la retórica de Obama, y creo que ya debería empezar a entender que será un presidente mediocre, lo cual significa, en estos tiempos, un mandatario peligroso, a menos que se presente un movimiento nacional para empujarlo en una dirección mejor, escribió Zinn.

Entre sus admiradores estadunidenses están Bruce Springsteen (el historiador influyó, se dice, en algunas de sus canciones) y fue amigo de Matt Damon, quien incluyó una famosa referencia a su texto de historia en el guión de la película Good Will Hunting, donde su personaje le recomienda el libro a su sicólogo (Robin Williams). Pero desde los jóvenes de las batallas por la justicia global en Seattle hasta los veteranos activistas, Zinn siempre fue referencia.

Recientemente había realizado un teatro de lecturas en voz alta con diversos actores y músicos reconocidos (Tim Robbins, Damon, Springsteen), y otros de discursos, canciones, versos, cartas y más sobre figuras históricas, algunas famosas otras no, que reflejan la historia desde debajo de este país. Un documental sobre lo anterior fue grabado y trasmitido por el History Channel el mes pasado, y el video estará pronto a la venta. Los textos forman parte de Voices of a People’s History of the United States, un volumen de los materiales primarios que utilizó para su famoso texto de historia.

Zinn murió de un infarto mientras estaba de viaje en California. Su esposa falleció en 2008, con la cual tuvo dos hijos. El historiador seguirá vivo a través de los desobedientes que siempre celebró.

Civilizaciones definidas por Huntington en El choque de civilizaciones. Según el autor, los principales conflictos se producirían en las fronteras entre civilizaciones, especialmente las antagónicas como la musulmana y la sínica con respecto a Occidente. (Imagen extraida de Wikipedia)

Huntington establece una serie de civilizaciones que actualmente conviven en el planeta: la Occidental (de la que parten dos “subcivilizaciones”, la ortodoxa y la latinoamericana), la musulmana, la judía, la hindú, la sínica, la japonesa, la subsahariana y la budista. Es a partir de estas civilizaciones que Huntington establece que los principales enfrentamientos del siglo XXI se darán entre estados y grupos de naciones pertenecientes a distintas civilizaciones, ya que la diferencia de valores hace imposible la coexistencia pacífica entre las mismas. Como demostración empírica se muestran los conflictos de la Guerra del Golfo o la desintegración de Yugoslavia.

Antes que nada, deberíamos establecer qué es una civilización. Su pueden establecer distintas definiciones, más restrigidas o más amplias. Según el británico Arnold J. Toynbee (en cuya obra Huntington se apoya en un primer momento) son el resultado de las adaptaciones de determinadas comunidades a los desafíos a los que se enfrentan, definición a partir de la cual delimita a la civilización occidental como una cultura marcada por la democracia liberal y la industrialización, la cual coexiste con al menos otras veinte civilizaciones (a las que añade una serie de civilizaciones detenidas o extinguidas). Podemos aceptar la definición de Toynbee sobre qué es una civilización, sin embargo a la hora de demarcar determinadas civilizaciones el simple análisis de sistemas políticos y económicos nos resultaría excesivamente simplista, y a partir de este momento es cuando entran en juego una infinidad de factores (desde la religión a la gastronomía, pasando por manifestaciones culturales, modos de socialización, etc)  y, dependiendo del número de criterios que usemos, podremos hablar de civilizaciones (o culturas)  de una forma más o menos restrictivas según nuestros criterios. En cualquier caso, lo que sí que deberíamos tener claro es que, a la hora de contraponer distintas civilizaciones, es necesario marcar los mismos criterios para el análisis de las mismas. En caso contrario, sería como si quisieramos comparar la calidad de un equipo de fútbol con respecto a uno de balonmano.

Mapa elaborado según el índice de democracia elaborado anualmente por The Economist, en el que los colores más claros indican un mayor índice de democracia. Notense la gran variedad de los espacios comprendidos en el área subsahariana. (Imagen: Wikipedia)

Esta es una de las principales fallas de Huntington. A la hora de definir las distintas civilizaciones para unas utiliza criterios políticos, económicos e históricos (como en el caso de la civilización occidental), para otras un criterio puramente geográfico (la civilización subsahariana) y para otras criterios religiosos (civilización ortodoxa, mundo musulman…). Lo primero que se observa es que la civilización con unos criterios más complejos es, obviamente, a la que el autor pertenece: la occidental (la cual, por cierto, comprende la práctica totalidad del mundo considerado como “desarrollado”). El análisis de la presunta civilización subsahariana aparece como el más simplista de todos, con un criterio puramente geográfico en el que entran en el mismo nivel Sudáfrica con su democracia liberal, la monarquía absoluta de Swazilandia o Liberia, estado creado para acoger a los esclavos liberados durante el siglo XIX. La gran cantidad de conflictos que durante las últimas décadas se han producido en esta región (desde movimientos revolucionarios a conflictos étnicos pasando, obviamente, por guerras para controlar recursos naturales) no parece que merezcan un análisis más detallado sobre la naturaleza de esta “civilización” en la que coexisten décenas de grupos étnicos, modos de producción, creencias religiosas o formas de organización social que en muchas ocasiones entran en contradicción con las delimitaciones y formas de los estados.

La definición de la civilización musulmana como una unidad basada en el Islam también muestra una fuerte simplificación, más grave aun si tenemos en cuenta los conflictos que se dan en estas regiones en las que se encuentran involucradas potencias occidentales bajo el liderazgo estadounidense. Mientras que Huntington acepta definir a la “civilización ortodoxa” en base a la ascripción mayoritaria de la población a esta rama del cristianismo, las divisiones del Islam (las principales, el Islam sunní y el Islam chií) no parecen merecer la misma consideración. Obviamente, tampoco entran en el análisis las diversas formas que tienen sus habitantes de vivir el credo islámico en todos sus aspectos, entre las que se encuentran manifestaciones culturales que entran abiertamente en contradicción con los preceptos coránicos y que, debido a su arraigo, son tolerados e incluso alentados por las autoridades políticas, sociales y religiosas de las distintas comunidades. Tampoco se soluciona la contradicción entre establecer una “civilización” más o menos homogénea en el “mundo islámico” con las fuertes tensiones geopolíticas y sociales que se viven en esta región. La alianza entre la fundamentalista Arabia Saudí y Estados Unidos contra el Iraq laico de Sadam Hussein, las tensiones fronterizas entre Argelia y Marruecos o la fuerte desestabilización en la frontera entre Pakistán y Afganistán rompen el modelo de civilización relativamente homogénea enfrentada inevitablemente a Occidente. Y estos ejemplos tan solo tienen en cuenta factores geopolíticos, ya que si entramos a valorar todos los factores que influyen en el interior de una sociedad (factores socioeconómicos, de estructura de clases, de organización del estado, de lazos sociales…), cualquier intento de homogeneizar seriamente a los 1.500 millones de musulmanes del mundo cae al primer intento. En el plano político, desde el Panarabismo de Nasser (por cierto, basado en la cultura árabe antes que en la religión, y con una fuerte influencia del modelo de desarrollo occidental) no ha existido un intento serio de crear algún tipo de unidad en el “mundo islámico”. Más bien, el destino de cada estado ha estado marcado por diversas oligarquías locales en muchos casos fuertemente vinculadas al “mundo occidental”.

Las definiciones de Huntington encajan perfectamente en lo que Edwar Said ya analizara en su libro Orientalismos. Occidente construye una imagen del mundo más allá de sus fronteras basada antes en mitos y en simplificaciones que en un conocimiento objetivo de las distintas realidades. Esta imagen cumplen el papel de legitimar la hegemonía occidental sobre el resto del globo desde la Edad Moderna, en un proceso no muy diferente de la imagen creada en la Grecia clásica o Roma respecto a los bárbaros. La construcción de la imagen del Otro en el imaginario colectivo legitima los intentos de dominación, directa o indirecta, en unos casos en base a una “misión evangelizadora” o desarrollista, en otros (más actuales) en base a la necesidad de defenderse contra las “hordas bárbaras”. Al mismo tiempo sirve para ocultar las diversas contradicciones que se dan en el seno de las sociedades, al homogeneizarlas, y que finalmente son las que acaban transformando, destruyendo o creando las civilizaciones. El concepto de civilización, de forma más amplia o más reducida, puede ser útil a la hora de estudiar las dinámicas de la Historia o las realidades actuales siempre y cuando se tengan en cuenta que no existen (ni han existido) entidades monolíticas libre de tensiones y contradicciones, y que no existen estructuras sociales, económicas o políticas completamente autosuficientes.

El gran éxito de Huntington no ha sido tanto su capacidad de convencer sobre la validez de sus hipótesis, sino establecer las coordenadas por él propuestas como las principales a la hora de analizar el mundo. Gran parte de los discursos sobre política internacional giran actualmente en torno a la necesidad de prepararse para el inminente enfrentamiento entre civilizaciones o, por el contrario, de establecer alianzas entre las mismas. En cualquier caso, pocos líderes políticos se cuestionan la existencia de esas civilizaciones, cayendo en el discurso simplificador que acaba legitimando las políticas dominadoras de cualquier bando.

Por ello, en un blog dedicado casi exclusivamente a la historia como es este, me posiciono:

1- Porque son las comunidades humanas las que libremente deben decidir su destino, su organización y su proyecto político, independientemente de cualquier otra consideración diplomática o justificación histórica;

2- Porque a la comunidad saharaui se le niega ese derecho a decidir su futuro y su presente;

3- Porque España tiene una responsabilidad en la cuestión saharaui al no haber cumplido con su papel como potencia colonizadora de garantizar el proceso de descolonización y de libre determinación del pueblo saharaui;

4- Porque España sigue siendo, según la legalidad internacional, la potencia administradora del Sahara Occidental ya que las Naciones Unidas declararon nulo los acuerdos tripartitos de Madrid;

5- Porque España sigue sin reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática

Por ello, declaro mi apoyo a Aminatu Haidar y a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui.

Mañana jueves 10 de diciembre, a las 12h, nos veremos en las puertas de nuestras facultades para mostrar nuestro apoyo al Sahara Occidental.

El caso de Sahara Occidental viene marcado por las tensiones originadas entre la construcción de un estado (la República Árabe Saharaui Democrática) y la consolidación de otro (el Reino de Marruecos) en torno a una única nacionalidad (la marroquí), que necesita absolver a las diversas comunidades que conviven en su interior: desde las poblaciones árabes mayoritariamente urbanas a los saharauis nómadas, pasando por los pastores bereberes. Cada grupo conforma su propia identidad con un mayor o menor nivel de identificación con el estado marroquí. Hasta este punto, no hay grandes diferencias con otros proceso de construcción del estado en otros lugares en el que convivían varias comunidades diferenciadas (evito referirme en estos momentos a dichas comunidades como nacionalidades por cuestiones que se explicarán más adelante), como pueden ser Francia, Inglaterra o la misma España. El estado en consolidación trata de generar la nacionalidad común a través de varias vías: un idioma único para todo el territorio impulsado a través del sistema educativo, una estructura económica coherente en base a alianzas con las élites de las distintas comunidades, la difusión de un pasado común y la represión de aquellos focos donde se cuestiona por la vía de los hechos el poder del estado, es decir, allí donde se puede imponer otras estructuras de poder sobre el territorio.

En este aspecto, queda meridianamente claro que Marruecos no ha consolidado definitivamente su estado mientras queden territorios (en principio bajo su autoridad) en los que otro poder ejerce de manera efectiva la autoridad, es decir, donde el ejército o la policía no puede imponer la ley del estado marroquí aun estando mandatados para ello. Nos estamos refiriendo a las zonas liberadas por el Frente Polisario. Independientemente del reconocimiento internacional que pueda tener, en la franja oriental del Sahara Occidental el estado es la República Arabe Saharaui Democrática, el cual ejerce su poder a través de sus fuerzas armadas, mandatadas para mantener las instituciones creadas para la RASD en dichos territorios. Esto es así asumiendo que el estado no es más que “un conjunto de instituciones que poseen los medios de coerción legítima, y los ejercen en un territorio definido y sobre su población” según la definición del nada subversivo Banco Mundial. Una definición que podría resumirse con la máxima maoista de que el poder “nace de la boca del fusil”.

División entre los territorios administrados por el Reino de Marruecos (naranja) y por la RASD (amarillo). El muro de separación levantado por el reino alauita ejerce de verdadera frontera cerrada entre ambos estados.

Por lo tanto, se quiera reconocer o no, en el Sahara Occidental se enfrentan dos estados independientemente de las sutilezas diplomáticas en las que se muevan los implicados. Y esto es algo que no ocurre en el País Vasco o en la Bretaña francesa. Por otro lado, y a efectos reales, un estado puede sobrevivir sin reconocimiento externo siempre que cuente con un alto consenso interno o, en su defecto, con unas fuerzas armadas capaz de defender sus instituciones.

Ahora bien, las cuestiones sobre la legitimad de uno u otro estado para administrar los territorios del Sahara (una historia común que se remonta al Imperio Almorávide o la existencia de una comunidad saharaui diferenciada) no son más que herramientas políticas para la consolidación de cada estado en dicho territorio. Y ambos argumentos tratan de llegar a la misma conclusión: existe una nación que es la que debe administrar el Sahara Occidental; para unos, la nación es la nación saharaui, para otros la marroquí. Tomando las líneas argumentales de cada una de las partes de forma independiente, se podría decir que ambas tienen razón. Pero conseguir esta conclusión nos estariamos saltando una premisa fundamental: ¿qué es una nación?

Máxima extensión del Imperio Almorávide, que ocupó los territorios de los actuales Marruecos, Sahara, Mauritania y el sur de España y Portugal.

Lo primero que queda claro es que una nación no siempre es equiparable a un estado. Ejemplos sobran, empezando por los más espectaculares casos de estados plurinacionales como la Unión Soviética, la antigua Yugoslavia o el Imperio Austrohúngaro. Es decir, estados en los que coexistían, de forma reconocida, una serie de naciones identificadas (de mejor o peor forma) con un mismo estado. ¿Qué es lo que identificaba, por lo tanto, a las naciones? Se suele argumentar que una historia común, pero esto sigue sin marcarnos la línea que transforma a una comunidad o a un grupo de comunidades vecinas en una nación. Como ya hemos dicho, Marruecos se escuda en el Imperio Almorávide para legitimar la administración sobre el Sahara. Un argumento, por cierto, que también le permitiría reclamar la administración de Mauritania si tal cosa fuera posible. Al mismo tiempo, la RASD aduce que durante la Edad Moderna ningún soberano marroquí administró de forma efectiva los territorios saharauis, época durante la cual los nómadas de estos territorios se dedicaron al comercio y al pastoreo sin imposiciones externas. ¿Está el pasado almorávide por encima del pasado autónomo moderno? Si estamos hablando de cuestiones temporales, ¿hay algún criterio cuantitativo para dar validez a una u otra postura? La ambigüedad de esta argumentación parece invalidarla para justificar la existencia de una nación.

Por otro lado se suele acudir a la existencia de una lengua materna común para definir una nación, lo cual sería tanto como decir que Portugal, Angola, Mozambique y Brasil son una única nación dividida en varios países, tres continentes y dos hemisferios. Quizás, para completar esta definición, deberíamos añadir la variable de territorialidad, es decir, el compartir un territorio delimitado. En este sentido sí, el Sahara sería marroquí. O Marruecos sería saharaui.

Realmente, si analizamos los procesos de creación nacionales de los estados europeos (es decir, del lugar que ha creado los conceptos nación y estado) podemos observar que en un gran número de casos son los estados los que crean las conciencias nacionales, sin perjuicio de que en otros casos sea esa misma conciencia la que puja por crear un estado. Nación es, en última instancia, fruto de la voluntad política de una comunidad independientemente de cualquier otra circunstancia. La creación de un estado no es sino la puesta en práctica del proyecto político de dicha comunidad o, al menos, de la parte hegemónica de esta. La aparición de gran parte de los estados árabes actuales formaba parte del proyecto político de las oligarquías de dichos territorios a principios del siglo XX, pero no de las bases de dichas comunidades que, de hecho, no tenían un proyecto político propio hasta mediados de ese siglo, con la aparición del panarabismo y del socialismo árabe. Cuando la hegemonía de un grupo social se rompe, o no llega a consolidarse, es cuando se abre el proceso de creación, destrucción o transformación del estado. En el caso saharaui, los grupos mayoritarios asentados en ese territorio no reconocen la hegemonía marroquí ni su proyecto político, teniendo un proyecto propio y diferenciado independientemente de cualquier otra consideración. Esta contradicción se manifiesta con la fuerza suficiente como para mantener un estado diferenciado en al menos parte de los territorios de Sahara Occidental.

Cuando Haidar reniega en un trámite administrativo de la nacionalidad marroquí, está renegando del proyecto político de la clase en el poder en Marruecos. El problema no es que una activista reniegue del mismo, sino que visualiza una tensión social de gran fuerza en el seno del Sahara Occidental. No es un problema individual, sino colectivo, hasta el punto de que es capaz de involucrar a tres estados (España, antigua metrópoli; Marruecos y la RASD, que compiten por administrar el territorio) quieran o no. Cualquier posible solución al conflicto a largo plazo pasa por integrar a la comunidad saharaui en el estado marroquí (bien mediante la transformación del estado a todos los niveles y de forma radical incluyendo el proyecto político saharaui en el mismo, bien mediante una integración forzosa de formas que suelen ser calificadas como crímenes contra la humanidad y a las que el último siglo nos ha acostumbrado demasiado) o por la plasmación del proyecto político de la mayoría saharaui de forma real y concreta. Es decir, mediante la aplicación del derecho de autodeterminación.

Leído en los comentarios de la edición digital de un periódico, en una noticia sobre el Islam.

Cuando la Historia se estudia como una cadena de acontecimientos fruto bien de la evolución lógica y natural (y, por lo tanto, siempre positiva y en progreso) de las sociedades, bien del buen o mal juicio de los individuos que conforman dichas sociedades (por cierto, en estas visiones las sociedades actúan como un ente único y homogéneo, cuyas contradicciones no son más que  accidentes más o menos exóticos), se tiende a valorar como superior de manera más o menos explícita a la sociedad más avanzada en base a los criterios de esa misma sociedad. Los valores se justifican en base a una tautología: Tenemos valores superiores porque hemos progresado más (nosotros ya nos dimos una Revolución Francesa). Hemos progresado más porque tenemos valores superiores (Occidente ha ido superando la Edad Media).

El fin último del progreso consiste, pues, en adoptar una serie de valores, principios e ideologías para conseguir una sociedad de individuos libres que llegarán a conseguir un grado de bienestar material equiparable al del mundo desarrollado, es decir, del mundo que ha avanzado por ese camino fijado de antemano hacia el progreso. El papel de ese mundo desarrollado hacia el mundo subdesarrollado, por lo tanto, consiste en guiar a los pueblos atrasado por la senda del progreso, por ese camino que nosotros ya conocemos, como demuestra el hecho de que seamos superiores en cuanto a derechos, libertades y bienes de consumo. Una lógica no muy diferente a la de la carga del hombre blanco, menos aun si tenemos en cuenta que esos pueblos a los que tenemos que guiar coinciden prácticamente con aquellos que fueron colonizados durante la época de expansión económica mundial del sistema liberal, época justamente en la que se acuña el término progreso con el significado actual.

La contradicción económica de este razonamiento es (debería ser) bastante obvia: el mundo desarrollado ha conseguido unos índices de bienestar material inmensos a base de apropiarse históricamente de los recursos de ese mundo que, ahora, se encuentra subdesarrollado a través de diversas fórmulas: colonialismo, protectorados o los más sutiles Acuerdos de Amistad y Comercio con los que Gran Bretaña se aseguraba las materias primas de las antiguas colonias españolas en América, al tiempo que inhibía los núcleos industriales de los nuevos Estados. Es decir, Occidente ha logrado progresar en la medida que ha evitado que otras sociedades, aun con voluntad de hacerlo, lo consiguieran. El desarrollo que, en teoría, deseamos para el Tercer Mundo significaría destruir las bases de nuestro propio progreso. Por lo tanto, las recetas ofrecidas por Occidente para el desarrollo de los subdesarrollados se encuentran envenenadas desde el principio.

Por otro lado, los hitos del progreso occidental como la Revolución Francesa y la Declaración de derechos no eran inevitabilidades históricas, por lo que las sociedades que no han pasado estos “puntos de control” en la carrera de la Historia no tienen por qué haberse extraviado del camino correcto. De hecho, la historia de las revoluciones liberales es la historia de un sin fin de “avances” y “retrocesos”, desviaciones del camino original e, incluso, la construcción de nuevas vías alternativas. Cada avance, retroceso, desviación o alternativa implica la actuación de determinados actores sociales (aristocracia y nobleza, burguesía terrateniente, burguesía industrial, élites y bases de los territorios colonizados, grandes comerciantes, obreros fabriles, campesinos libres, pequeños propietarios de tierra, esclavos…), la concreción de alianzas determinadas entre estos y la correlación de fuerzas. Alemania se despoja del Antiguo Régimen a través de la alianza entre burguesía y aristocracia, mientras que en Francia esto se dio mediante un enfrentamiento abierto entre ambas clases. La liberación de los esclavos en gran parte de la América hispana se realizó gracias a la alianza entre sectores de la élite criolla con dichos esclavos debido a los avatares de la guerra independentista, mientras que en Estados Unidos fue mediante la alianza entre esclavos y burguesía industrial contra los grandes terratenientes del sur; Haití se sacudió la esclavitud enfrentándose cruentamente a un sector de los revolucionarios franceses que conseguían grandes réditos de las plantaciones esclavistas antillanas.

Cuando se habla de las revoluciones liberales se suele obviar que, hasta 1848 con la aparición del movimiento obrero como sujeto político independiente, una gran parte de las clases populares cerraron filas con el Antiguo Régimen en un principio. Las insurrecciones campesinas contra los revolucionarios de las grandes ciudades francesas en la década de 1790, las guerrillas antifrancesas y el ¡Vivan las caenas! en España o los llaneros realistas en Venezuela demuestran que el pueblo llano desconfiaba de ese progreso prometido. Ese progreso, en determinados lugares, implicaba la pérdida de las tierras comunales de los campesinos en favor de la nueva burguesía o la pérdida de la protección de la Corona hacia los indios en favor de los intereses criollos, por poner tan solo algunos ejemplos. La conquista de determinados derechos hacia esas capas (el más simbólico, el sufragio universal) solo se explica mediante el cambio en la correlación de fuerzas entre los distintos actores, y no gracias al “camino del progreso”. Y aun la aplicación de dichos derechos (de forma más o menos transparente, más o menos caciquil, más o menos restringida formal o informalmente), implican nuevos cambios en esa lucha.

¿Significa esto que cualquier estrategia de mejorar, en cualquier ámbito, la situación de los países de la periferia no es más que una forma enmascarada de colonialismo paternalista o que, de hecho, no hay mejoras objetivas y que debemos abandonarnos a un relativismo radical? No. Por supuesto, que el derecho a la vida sea una realidad es una mejora objetiva. Que desaparezcan enfermedades o dejen de morir seres humanos de inanición es una mejora objetiva. Que se destierren costumbres como la ablación del clítoris o la lapidación, o cualquier forma de pena de muerte, es una mejora objetiva. La cuestión es que seamos capaces de identificar las culturas y todas sus contradicciones existentes, sus dinámicas propias, sus propios enfrentamientos y sus caminos. No podemos tratar de reproducir los esquemas sociales de España en el 2009 en el Afganistán del 2009, y pretender que a partir de ahí emprendan alégremente los mil caminos que nosotros venimos realizando (no siempre, de hecho casi nunca, de forma pacífica y armónica) desde, por poner una fecha, 1812 o incluso 1492. Los intentos de calcar modelos de desarrollo foráneos siempre han causado más sufrimiento que beneficios.

Como Gabriel García Márquez puso en boca de Simón Bolívar, “Déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media”. Es decir, déjennos configurar nuestras sociedades con nuestras contradicciones, nuestras luchas, nuestros enfrentamientos, nuestras luces y nuestras sombras. Al fin y al cabo, Occidente y todos nos encontramos, permanentemente, realizando ese cometido.

Luego de los incidentes autonomistas en Bolivia, situación que marca un punto de inflexión en la configuración del espacio latinoamericano al responder, por vez primera, la totalidad de las naciones de América Latina con una respuesta común al margen de la potencia exterior de turno (EEUU), el caso de Honduras se muestra como una nueva “batalla” por consolidar dicho espacio. En ambos casos destaca la participación brasileña, que ya hacía varios años que se configuraba como una potencia regional y que, en estos momentos, busca marcar su territorio de influencia frente al norte estadounidense.

El Golpe de Estado (pues tal ha sido lo que ocurrió en Honduras, con la deposición y expulsión por la vía militar del presidente Zelaya, pese a los intentos legitimadores -existentes, por otro lado, en cualquier golpe militar- y la transferencia del poder a un grupo civil, tampoco nada raro en la historia de los levantamientos de los ejércitos), ha encontrado una respuesta unánime a nivel internacional. Incluso Estados Unidos, que difilmente podía desconocer los movimientos que se preparaban, se ha visto obligado a pasar a un segundo plano ante la iniciativa conjunta latinoamericana liderada por Brasil y por los países del ALBA. En el plano interno las cosas podrían estar menos claras: pese al mantenimiento de un alto nivel de movilización por parte de los partidarios de Zelaya, no parecen existir disidencias significativas ni entre el grupo aupado al poder y con Micheletti a la cabeza, ni entre los mandos del ejército hondureño. Además, un Estado puede sobrevivir al aislamiento internacional durante años (vease el caso de Iraq entre 1991 y 2003, o de Afganistán entre 1996 y 2001) aun a  costa de la pauperización de su pueblo. No debemos olvidar que fueron las disidencias militares las que decidieron la suerte de Hugo Cháves durante el golpe de abril de 2002, y que fue la ausencia de grandes disidencias militares lo que evito el agravamiento del conflicto autonomista boliviano. Disidencias (o falta de ellas), por otro lado, que dificilmente se habrían dado sin la fuerte movilización popular que obligaría a los mandos medios y bajos militares en el caso venezolano a mover pieza.

En cualquier caso, lo que parece estar claro es que la Doctrina Monroe (y el corolario Roosevelt, es decir, el papel de EEUU como policía internacional) se resquebraja por momentos. Obviamente Estados Unidos no va a ceder sin resistencia su área de influencia sureña, y buena prueba tenemos en su blindaje en Colombia a través de las nuevas bases militares. Una de las cuestiones básicas a analizar debería ser la intensidad con la que se va a desarrollar esa resistencia y la capacidad de acción real de Estados Unidos, enfangado en Oriente Próximo y con no pocos problemas internos. También el camino a seguir por Brasil conforme vaya ganando (o, si la reacción estadounidense es exitosa, reculando) terreno en su nueva área de influencia. Sin duda, gran parte de ese camino va a estar marcado por la existencia de un fuerte contrapeso como el ALBA, que pudiera llevar a Brasil a suavizar y ceder en las fricciones con sus vecinos a causa de sus nuevos intereses expansivos. Intereses, por otro lado, que ya se han producido como ocurrió con la llegada de Lugo al poder en Paraguay y los desacuerdos con respecto a la gestión de la presa binacional de Itaipú.

En este marco, los países latinaomericanos sin duda preferirían a Brasil en el papel de potencia regional, a sabiendas que el desarrollo de formas propias de organización política y económica es un interés táctico de los brasileños (y que por lo tanto no buscará coartar) a fin de expulsar a los antiguos “virreyes” del norte y, por otro lado, que los proyectos de integración regional se están realizando en un plano de mucha mayor igualdad que ante una potencia exterior.

La batalla de Honduras se enmarca en esta estrategia de acción (latinoamericana) y reacción (estadounidense). Del desenlace interno dependerá gran parte del camino a seguir por los países al sur de México (y del propio México, según como se desarrolle la crisis económica), pero ya ha servido para mostrar que internacionalmente Estados Unidos se mueve a la defensiva.

El afán por mantener dicho control sobre el aparato militar puede encontrar sus antecedentes en la configuración de los estados modernos durante el reinado de las monarquías absolutas, sin bien el objetivo de las regulaciones de esta época tiene como finalidad la limitación del poder de la nobleza antes que el control de las fuerzas armadas como tal (aunque, obviamente, sin excluir este objetivo); no será hasta las revoluciones liberales del siglo XIX cuando aparezca el ejército y sus componentes como un cuerpo independiente y de características propias y, por lo tanto, con capacidad de intervención en la vida política con un programa a tal fin. Anteriormente, la identificación entre el poder militar y civil, generalmente en la figura del monarca, o su cuerpo de nobles y funcionarios, se realizaba siempre en base a la hegemonía del carácter civil del poder. Es decir, los dirigentes en la guerra lo eran en función de su papel como funcionario, noble o familiar del monarca el cual le designaba para realizar la actividad militar. Los altos mandos del ejército lo eran como reflejo de su papel en la sociedad, ocupando la cúspide de la dirección militar aquellos que ejercían esa misma función en el plano civil.

Tras la Revolución francesa y las transformaciones sociales que supuso (entre otras, su nuevo modelo de ejército), los militares comienzan a intervenir activamente en la política. La infinidad de golpes militares (pronunciamientos) que sacudirían España durante el siglo XIX en una sucesión que no se detendría hasta 1936 (o incluso, según el punto de vista, hasta 1981), es una de las muestras más claras del papel político que mantendrían los militares no solo aquí sino en el resto del mundo. Los acontecimientos del último siglo han contribuido, al menos en España, a crear una imagen de los ejércitos como elementos reaccionarios y dictatoriales, opuestos, cuando actúan (bien como parte de una acción de parte de ese ejército, bien cuando pasan a actuar en el plano civil), al sistema político de democracia representativa imperante en Occidente. Sin embargo, antes de concluir este análisis debemos de tener en cuenta que, en ningún cuerpo de la sociedad, existe una rigidez monolítica en cuanto a ideología o aspiraciones políticas. El ejército, por lo tanto, no es ajeno a esta pluralidad.

En gran parte de los países sigue manteniendose un sistema más bien elitista en cuanto a ascensos militares se refieren. Bien por tradición familiar, que enfoca los esfuerzos profesionales hacia la carrera militar, bien por otros motivos de carácter social y económico (el coste del ascenso militar, por ejemplo) es cierto que los altos mandos militares suelen enmarcarse en corrientes ideológicas conservadoras en virtud de su identificación con un grupo social fuera del cuerpo militar, así como de la ideología mayoritaria en dicho grupo. Por otro lado, en aquellos casos de ascensos por méritos de guerra, donde tenemos el ejemplo de los africanistas españoles de la primera mitad del siglo XX, se tiende a generar la conciencia de los mandos militares y, por extensión, del ejército como un cuerpo completamente diferenciado y que genera unos intereses propios, favoreciendo las tendencias políticas de carácter corporativo. Así tenemos el ejemplo de la dictadura de Primo de Rivera, la cual centró gran parte de sus esfuerzos en la guerra africana la cual favorecía a los mandos militares que actuaban en este escenario; también podemos observar el papel de los mandos militares durante la transición española entre 1975 y 1981, los cuales no habían tenido un especial protagonismo durante la dictadura franquista más allá de su adhesión sin fisuras al régimen, y que durante el periodo posterior presionaron a fin de mantener sus privilegios pero sin llegar a representar una amenaza mayor que la vista el 23 de febrero. El mantenimiento constitucional del ejército como garante de la unidad del estado, antes que el poder civil, es la visualización de estas actuaciones.

Ahora bien, no podemos obviar la existencia de movimientos militares ubicados en unas coordenadas ideológicas completamente opuestas. A partir de la aparición en los ejércitos de mandos militares procedentes de la clase media o de la burguesía durante el periodo de revoluciones liberales, estos mandos van a tener en muchas ocasiones un papel político progresista o, cuanto menos, liberal. Los pronunciamientos militares españoles del XIX, empezando por el de Riego en 1820 al grito de ¡Viva la Constitución!, van a tener en general un papel potenciador del liberalismo y, en algunos casos (como el motín de 1866 o el levantamiento del vicealmirante Topete en 1868 que inauguró el sexenio democrático), del ala más radical de este. No deja de ser significativo que el retorno al absolutismo en 1823 tuviera que ser obra de un ejército extranjero antes que de una conjura militar interna. Conforme se estabilice el sistema político y desaparezcan las posiblidad de un retorno al absolutismo, los militares que antes habían sido revolucionarios irán adoptando una posición conservadora e incluso, con el fortalecimiento del movimiento obrero (el cual en España no tendrá un papel significativo en el interior del ejército, aunque si en otros países), abiertamente reaccionario.

Civiles sobre un tanque de los militares alzados en Lisboa en abril de 1974. La Revolución de los Claveles es un ejemplo de un movimiento militar progresista y democrático compuesto por militares de baja y media graduación.

En aquellos lugares donde los mandos del ejército de baja o media graduación han tenido un mayor contacto con las ideologías revolucionarias, ha sido más habitual la aparición de movimientos militares de tendencia izquierdista. Sin duda este contacto, a través de la guerra colonial, fue una de las causas de la aparición del Movimiento de los Capitanes que en Portugal derribó a la dictadura inaugurada por Salazar bajo un ideario democrático (con tendencias en su seno que variaban desde el socialismo y la socialdemocracia hasta el conservadurismo). Aquellos mandos que ya habían luchado en las colonias de Angola y Mozambique, que conocían el coste no solo económico sino humano de la política colonial portuguesa y que, a través de esa lucha, habían tenido familiaridad con la ideología de los movimientos de liberación nacional fueron los que ejecutaron el golpe de Estado del 25 de abril de 1974. Su alta politización y simpatías hacia dichos movimientos fueron algunas de las motivaciones que llevaron a que Portugual viviera el periodo de su historia conocido por el nombre entonces dado por los militares: Proceso Revolucionario en Curso. De ese movimiento aun queda, en la constitución portuguesa, la mención al objetivo de avanzar hacia el socialismo por la vía democrática.

En Latinoamérica y África son más habituales la existencia de estos grupos progresistas dentro del ejército. En el segundo de los casos, una parte importante de estos son consecuencia de la creación de los ejércitos nacionales a partir de los movimientos de liberación nacional que habían luchado por la independencia. Thomas Sankara, que igualmente accedió en Alto Volta (renombrado durante su gobierno como Burkina Faso) al poder a través de una conjura militar y que llevó a cabo una política socializante entre cuyos objetivos destaca la emancipación de la mujer, es posiblemente uno de los más claros ejemplos de esta corriente. Por su parte América Latina va a estar marcada por las tensiones entre conservadores y liberales, o federales y centralistas según el país, y las ramificaciones dentro del ejército de estas tendencias. Ezequiel Zamora en Venezuela, como líder militar de los federales, es uno de los paradigmas de militar liberal y progresita e incluso radical con su proclama de odio a la oligarquía.

Incluso aunque el siglo XX este marcado por los golpes militares conservadores y reaccionarios, cuyas características han llevado a la aparición del término gorilismo, no va a faltar el reflejo de las convulsiones sociales en el seno de los ejércitos. Durante esta centuria, además de los binomios progresitas-conservadores o izquierdistas-derechistas, habría que introducir una coordenada que separase a los militares nacionalistas y desarrollistas (donde podríamos encontrar desde Perón a Jacobo Arbenz, pasando por Velasco en Perú) de aquellos más receptivos a los intereses estadounidenses que marcarían la mayor parte de la región (Castillo Armas en Guatemala, Videla en Argentina y otros). La revolución de 1944 en Guatemala, o los militares nacionalistas de 1952 en Bolivia, son ejemplos de la implicación de los militares en proyectos nacionales de carácter nacionalista, progresista y democráticos. El ejemplo de Guatemala sería uno de los más oportunos para visualizar estas fricciones ideológicas internas de los ejércitos. Tras el derrocamiento en 1954 de Jacobo Arbenz, militar demócrata que encabezó una moderada reforma agraria, un grupo de oficiales vinculados a movimientos izquierdistas e inspirados en el ejemplo cubano, tratarían sin éxito un golpe militar en 1960 tras cuyo fracaso fundarían en el medio rural la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de ideología claramente marxista.

No van a ser extraños la mayor parte de países latinoamericanos estos movimientos militares de carácter nacionalista-izquierdistas, generalmente compuestos por mandos de baja o media graduación. El último ejemplo fue la conformación del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 en Venezuela, germen ideológico del proceso que vive actualmente el país y que se inicio como un movimiento militar a fin de reformar el sistema político venezolano.

Con todo esto podemos concluir que un ejército (y sus componentes) no son sino un elemento inserto en la sociedad, cuyo posicionamiento político e ideológico dependen de la extracción social de sus mandos (que a fin de cuentas son quienes tienen capacidad efectiva de intervenir políticamente, antes que, obviamente, los soldados de a pie) y de la ideología hegemónica en dicho grupo social, o de la sociedad en su conjunto. Es sin embargo uno de los actores más influyentes cuando decide hacer uso de su fuerza (al fin y al cabo son el grupo armado del estado), por lo que no es extraño que todo proceso de transformación social y política (y es ahí donde volvemos a ver el ejemplo de Venezuela, sobre todo cuando lo comparamos con los recientes sucesos de Honduras) trate de garantizar el apoyo o al menos la neutralidad de los mandos militares.

De hecho, el origen de la declaración se encuentra en el temor de los Estados Unidos a una nueva expansión europea en el contiente latinoamericano. En 1823 la mayor parte de la Latinoamérica colonial se había librado del dominio español y portugués, viéndose reducido los primeros a sus bastiones en las zonas que se convirtirían en las repúblicas de Perú y Bolívar (luego Bolivia). Sin embargo, la Santa Alianza en ese mismo año entraba por los Pirineos en la Península Ibérica a fin de restaurar el absolutismo como sistema de gobierno español. Ahora bien, para los territorios independizados de América Latina ese objetivo restaurador podía incluir, justamente, la restauración del absolutismo en América, cuyos estados aún contaban con una gran debilidad política y militar; para los Estados Unidos, esto significaba un nuevo periodo expansionista europeo que ponía en peligro su consolidación interna como Estado (objetivo para el cual se habían dotado de una política exterior aislacionista con respecto a Europa, a fin de marcar sus propios tiempos en materia política), así como su objetivo expansionista hacia el occidente, que en el momento de su independencia se encontraba ocupado por grupos indígenas. De hecho, uno de los motivos de la independencia estadounidense habían sido los acuerdos tomados por Gran Bretaña con las tribus del interior, que impedían a los colonos su extensión hacia aquellas tierras. Un nuevo periodo expansionista europeo podía cortar de raiz esas aspiraciones, ya que de acuerdo a la legalidad internacional de la época los territorios no ocupados o reclamados eran libres de tomarse por cualquier nación con capacidad para ello y, obviamente, las comunidades indígenas no eran consideradas dueñas legítimas del territorio en virtud de su “salvajismo”.

Al mismo tiempo, la acción de la Santa Alianza, implicaba un serio peligro para los intereses comerciales ingleses. Aunque el gobierno británico aún no había reconocido la independecia de las repúblicas latinoamericanas, sí que mantenía ya en esos momentos un importante tráfico comercial con las mismas. De hecho, estas constituían una parte importante de la provisión de materias primas necesarias para el desarrollo de la industria británica, al tiempo que servían como mercado para las manufacturas realizadas en las islas británicas. De este modo, parecía existir una coincidencia de intereses entre Gran Bretaña, Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas a fin de salvaguardar la independencia de estas últimas. Sin embargo, hay varias cuestiones que se deben atender antes de llegar a esta conclusión.

Territorio de los Estados Unidos en el momento de la formulación de la Doctrina Monroe. Gran parte de los nuevos territorios no habían sido efectivamente ocupados y, en gran medida, seguían controlados por tribus indígenas.

La primera es  la cuestión de las relaciones de poder mantenidas entre estos tres actores. Gran Bretaña no estaba tan interesada en mantener un estado de dominación completo, es decir, de anexionarse los territorios independizados como nuevas colonias (aunque ello no significase que tratara de hacerlo en determinadas circunstancias) sino más bien como una dominación económica que mantuviese la independencia formal de las repúblicas. Esto se concretaba en las Declaraciones de amistad y comercio firmadas como requisito para el reconocimiento del estatus de independencia y que, básicamente, eran tratados de libre comercio por los cuales se abrían las fronteras latinoamericanas a productos manufacturados ingleses impidiendo así el desarrollo industrial de las antiguas colonias. La industrialización que EEUU había alcanzado, al menos en el Norte, permitía por un lado evitar esa relación vertical con Gran Bretaña al tiempo que obligaba a buscar constantemente fuentes de materias primas así como mercados para sus industrias en plena expansión. Para Estados Unidos, era necesario expandir aún más su industria antes de lanzarse a una política imperialista fuera de norteamérica. América Latina, por su parte, al cumplir con su papel de suministradora de materias primas (bien para la metrópoli, bien para su “socio comercial” británico) se encontraba con una debilidad que estrechaba su margen de acción independiente en la política exterior: su objetivo, prácticamente único en estos momentos, era garantizar su independencia formal.

La segunda cuestión sería la capacidad real de los implicados por satisfacer sus pretensiones. Como hemos dicho, las repúblicas latinoamericanas no contaban con ningún margen de acción política, diplomática o económica. Y en cuanto a su fortaleza militar, los embriones de ejércitos regulares se encontraban aún inmersos en el conflicto con la metrópoli o incubando nuevos conflictos fraticidas. Estados Unidos, por su parte, no tenía capacidad para hacer efectiva la declaración América para los americanos en el plano militar, lo cual había quedado demostrado diez años antes con su derrota ante Gran Bretaña por el control de Canadá. Los diplomáticos colombianos y brasileños que, dos meses después de la declaración de Monroe, tratarían de formalizar una alianza con los estadounidenses lo comprobarían, al negarse estos últimos a tal acuerdo. Tan solo Gran Bretaña, con su control efectivo de los mares, era capaz de impedir una reconquista española de sus antiguos territorios; al mismo tiempo, en Europa solo Francia, que dirigía las acciones militares de los Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo en España, tenía capacidad para realizar tal reconquista. Pese a los rumores que circularon por ambos continentes en este sentido, no parece que Francia tuviera mayor interés en realizar dicha empresa y exponerse a un conflicto con Gran Bretaña y salvar los dominios españoles a cambio de, quizás, Cuba y alguna otra isla cedida por España (que era a lo que apuntaban los rumores mencionados).

De este modo, la Doctrina Monroe dificilmente podía ser algo más que un farol de la política estadounidense del momento a fin de garantizar su propia consolidación como Estado. De hecho, la propia doctrina sería convenientemente olvidada durante las intervenciones británicas en latinoamerica que se sucedieron en las décadas siguientes: la extensión de la Honduras Británica y la ocupación de las islas Malvinas (1833), así como el establecimiento del protectorado sobre los indios misquito en Nicaragua (1841). Hasta mediados del siglo XIX, con Estados Unidos ya con plena capacidad de expandirse y crear su “patio trasero”, la Doctrina Monroe no sería rescatada y convenientemente interpretada como herramienta de extensión imperialista de la nueva potencia regional.

El punto concreto que me ha llevado a escribir sobre esto es la afirmación que hacen Alberto y Desidero de que en las sociedades preindustriales “la sociedad se organizaba de forma que el impacto que producía al medio ambiente era relativamente leve. La economía y la subsistencia social dependían de la agricultura, por lo que era necesario configurar un entorno adecuado para no producir un desgaste natural que impidiera la reproducción agrícola”. Aunque estoy de acuerdo en la idea central del artículo, creo esta afirmación es cuanto menos inexacta. En primer lugar lugar deberiamos diferenciar entre las númerosas sociedades preindustriales que han existido a lo largo de la Historia o, al menos, las sociedades agrícolas que son a las que se refiere la afirmación. Es decir, no podemos evaluar por igual el impacto de un pequeño grupo agrícola preestatal (como por ejemplo los yanomamo venezolanos tras la introducción de la agricultura en el siglo XVI) con el de una sociedad ya plenamente estatalizada y jerarquizada.

Podemos encontrar un ejemplo de una sociedad jerarquizada y de un impacto ambiental altamente destructivo en la propia provincia de Málaga, concretamente en el asentamiento fenicio de Cerro del Villar, ocupado entre los siglos VIII y VI adC. Este enclave se encontraba en una de las islas que en aquellos momentos formaban el delta del río Guadalhorce, siendo un punto privilegiado para los objetivos de las colonias y factorías fenicias mediterráneas: el río permitía el intercambio comercial con los asentamientos indígenas del interior, los sedimentos eran aprovechables para la elaboración de cerámicas cuyos hornos se nutrían de los abundantes bosques de la rivera. En estas circunstancias, la producción se enfocaba hacia la exportación masiva, lo cual permitió un rápido desarrollo de la colonia fenicia, así como una mayor elitización de los grupos dirigentes de la colonia. Esto último se encuentra atestiguado por los hallazgos de objetos relacionados con el prestigio social, como huevos de avestruz o anillos de plata de origen egipcio, lo que indica ostentación por parte de un sector de la población. Este sector basaría su posición social en el control del comercio y de las exportaciones, principalmente salazones de pescado y colorante púrpura (otro elemento de lujo, así como símbolo de un elevado estatus social en el mundo antiguo y que aun hoy podemos ver como distintivo en la jerarquía eclesiástica católica) obtenido de ciertos moluscos. El que existan grandes viviendas con su propio embarcadero es otro indicativo de a qué actividad se dedicaban las élites fenicias en la Península.

El que la economía de este asentamiento, y sobre todo el estatus de los grandes comerciantes, girase en torno a la exportación de dichos producos implica la necesidad una gran industria cerámica donde conservar las exportaciones. El fuerte crecimiento de las exportaciones tenía como consecuencia un mayor aprovechamiento de las tierras útiles para la cerámica en las orillas del río y, sobre todo, de la madera de los bosques cercanos. Durante todo el tiempo que dura el asentamiento de Cerro del Villar se puede observar una rápida degradación de los recursos forestales que limitaban el cauce del Guadalhorce lo cual provocó en el sigo VII adC, al destruirse los elementos que controlaban las riadas, al menos dos importantes inundaciones que destruyeron gran parte del asentamiento. El aumento de estas riadas provocará igualmente la colmatación de gran parte del delta del río, acabando con los recursos necesarios para la fabricación de cerámicas. Durante el siglo VI se hizo completamente imposible el mantener este asentamiento frente a las acometidas fluviales, por lo que la población se desplazó hacia el ahora más seguro río Guadalmedina, estableciendo la colonia de Malaka.

Anillo de procedencia egipcia encontrado en Cerro del Villar. La existencia de este elemento en el yacimiento implica un gran desarrollo de las redes comerciales.

La evolución del asentamiento de Cerro del Villar es una muestra de que las sociedades preindustriales no mantenían necesariamente un equilibrio con su entorno a fin de garantizar su pervivencia. Aquí no podemos hablar de un impacto medioambiental leve, pues estamos hablando de la destrucción de importantes extensiones de bosque y de la modificación artificial e involuntaria de un cauce fluvial que provocá el éxodo de toda una población, sino que en cualquier caso podemos considerar que es un impacto medioambiental localizado, que no es lo mismo. Igualmente, creo que es justamente la organización de la sociedad la que provoca este impacto. Me explico: la sociedad fenicia estaba fuertemente jerarquizada y organizada en torno al Templo, el cual no era solo un centro religioso sino también económico. El Templo era quien organizaba la vida económica de la ciudad y, por lo tanto, quien dirigía la jerarquía civil en base a su poder redistributivo. La existencia de un Templo en un asentamiento fenicio implica que este había alcanzado una importante capacidad económica y que era capaz de organizarse de manera más o menos autónoma, y en Cerro del Villar, aunque no se ha encontrado el Templo propiamente dicho, sí se han encontrado referencias a él.

Así pues, el Templo requería de dos cosas para garantizar su posición preeminente: garantizar la redistribución de productos básicos entre las bases productoras de la ciudad, y el mantenimiento de un flujo comercial cada vez mayor para, de esta manera, mantener su status por encima de la mayoría social así como sus privilegios materiales y sociales. A este modelo de sociedad jerarquizada, que requiere de la depredación constante y en aumento de los recursos naturales, se le pueden oponer otros modelos que en aquel mismo momento se desarrollaban en torno a las colonias fenicias: los asentamientos indígenas agrícolas con una jerarquización mucho más laxa y los cuales, por lo tanto, ejercían un impacto menor en el medio ambiente al no tener que mantener a una gran elite. De hecho, será el contacto con los colonos (fenicios, griegos o, más tarde, púnicos) lo que modificará la estructura social nativa, creando a un grupo dirigente controlador del comercio entre nativos y colonos, llevando nuevamente a una espiral de agotamiento de recursos naturales. Estos procesos solían “regularse”, por llamarlo de alguna manera, con la desaparición de los recursos de los que dependían estas poblaciones y, por consiguiente, con la desaparición de los grupos dirigentes permitiéndose una regeneración medioambiental.

En consecuencia, podría deducirse que la existencia de una elite fuertemente diferenciada (llamada sacerdotes, aristocracia o grandes accionistas) y el modelo social que esta impone sí que implica un determinado modo de aprovechamiento depredativo de los recursos naturales. En otro momento sería interesante hablar más detenidamente de esas sociedades agrícolas escasamente jerarquizadas y su relación con el ecosistema en el que se desarrollan, con una serie de mecanismos de aprovechamiento de recursos mucho menos agresivos para su entorno.